El Poder Judicial de la Federación (PJF) ha entrado en un paro indefinido en 13 estados de México, como reacción a la reforma judicial impulsada por el gobierno federal. Esta reforma ha sido percibida como un intento de centralizar el poder y debilitar la independencia judicial, lo que ha generado un fuerte rechazo entre los trabajadores del PJF, quienes ven en esta medida una amenaza para la democracia del país.
El paro ha impactado a importantes entidades como la Ciudad de México, Nuevo León, Guerrero, y Yucatán, donde los juzgados y tribunales han cerrado sus puertas. A pesar de la suspensión de labores, los trabajadores judiciales han asegurado que se seguirán atendiendo casos urgentes, aquellos que impliquen riesgos a la vida o la libertad de las personas. Esta medida ha generado un profundo debate sobre las implicaciones de la reforma y la respuesta de los trabajadores.
Votación de jueces y magistrados
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed) ha iniciado una votación electrónica para decidir si los jueces y magistrados se unirán al paro. El resultado de esta votación, que se espera sea anunciado en breve, podría determinar la magnitud del conflicto y su impacto en el sistema judicial mexicano. De unirse, el paro podría extenderse, afectando aún más la administración de justicia en todo el país.
El paro indefinido ha generado preocupación tanto en el ámbito político como en la sociedad en general. El gobierno ha defendido la reforma como un paso necesario para modernizar el sistema judicial, mientras que los opositores insisten en que se trata de una erosión de la independencia judicial. Los próximos días serán críticos para ver si se logra un acuerdo que permita resolver este conflicto, o si el paro se intensificará, poniendo en riesgo la estabilidad democrática de México.
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